Haber admitido el triunfo del presidente Nicolás Maduro en las elecciones realizadas el pasado 28 de julio, hubiese significado para el gobierno de Joe Biden desconocer a Guaidó y su Asamblea Nacional y, por tanto, verse en la obligación de devolver Çitgo al Gobierno Bolivariano.
La séptima refinería estadounidense por volumen de refinación petrolera ha estado controlada por juntas supervisoras nombradas por Guaidó y la Asamblea Nacional reconocida por el Gobierno de EEUU desde 2019.
Las Juntas Supervisoras están guiadas por la intención de arrebatarle a Venezuela todo lo que signifique ingresos para el Estado venezolano, fuertemente aderezada con el deseo de infligir un daño social y económico, o ambos a la vez, capaz de causar inestabilidad política y descalabro social.
Visto así, y aún cuando el daño existe y persiste, los resultados de los recientes comicios presidenciales frustran los objetivos por los cuales fue robado el complejo refinador, aunque, valga decirlo, nada cambian el propósito estratégico por el cual Pdvsa compró Citgo, una de las tantas refinerías adquiridas por el plan de Internacionalización diseñado y puesto en práctica por la industria desde su nacimiento en 1976.
Con la elegancia de las relaciones públicas y fuerte uso de campaña mediática, Citgo fue adquirida para enviar petróleo venezolano a precios por debajo del valor medio del mercado, a descuento, lo cual redundaba en la entrega de altas sumas impositivas al fisco de EEUU, a costa de menores dividendos y casi nulos pagos de impuestos al Estado venezolano.
A su manera, el expresidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, (1989-1993) se opuso a la intención gerencial de la meritocracia de Pdvsa de adquirir 100% de Citgo. Consideraba entonces —1992— durante su segundo mandato, que poseer cien por ciento una refinería en EEUU era vulnerable y propicia para hacerla objeto de medidas proteccionistas por parte de las autoridades norteamericanas.
Además, opinaba que mientras los paquetes económicos del Fondo Monetario Internacional planteaban la búsqueda de la inversión extranjera, la compra de Çitgo significaba convertir a Venezuela en inversora extranjera en EEUU.
No se equivocó. Las presunciones y temores de CAP hoy son corroboradas por el robo y mayores beneficios dados por Citgo al fisco de EEUU.
Por ello, la resistencia de CAP fue uno de los motivos por el cual la gerencia meritocrática de PDVSA fue determinante en su salida de la presidencia. La tarea se vio acompañada por las buenas relaciones de Pdvsa con los medios, en especial, El Nacional, cuyo peso ya declinante en la opinión pública fue usado para favorecer los intereses de comprar Citgo, mediante las denuncias de las reiteradas violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción cometidos por el gobierno de CAP.
No obstante, el robo en marcha del complejo refinador no es del todo cómodo para el gobierno de EEUU. Las ya deterioradas relaciones entre ese Estado supremacista y la República Bolivariana de Venezuela caerán varios peldaños más de llegar a concretarse, como todo lo indica, la venta de la filial de Pdvsa, con saldo realmente perjudicial para la Patria de Bolívar, pero también, aunque en menor grado, para el voraz e insaciable imperio del norte.
En resumidas cuentas: al pueblo de Venezuela le serán arrebatadas tres refinerías con una capacidad de refinación de 807.000 barriles por día, 38 terminales, 6 oleoductos y 4.200 estaciones de servicios, todo valorado entre 11.000 y 13.000 millones de dólares.
Pero en la creciente multipolaridad, EEUU sumará a su prontuario otro dañino precedente a la confianza de los inversionistas internacionales en ese país, por haber roto y violado el siempre respetado velo corporativo, una tesis jurídica que protege(gía) a toda empresa de ser expropiada por el impago de una deuda contraída por su dueño, es decir, otra persona que, en este caso, es el gobierno de Venezuela.
De allí que el indeseado triunfo de Maduro los pone en una incómoda situación geopolítica, pues si bien le sustrae la posibilidad de regresar el activo a su legítimo y legal dueño: el Gobierno Bolivariano, también expone a EEUU al incremento de la desconfianza de los inversionistas que perciben el riesgo de someterse a un marco jurídico determinado por decisiones políticas discrecionales.
La decisión final de venta del complejo está en manos del Gobierno de los EEUU, a través de la Secretaría del Tesoro. Un total de 18 acreedores titulares de sentencias por impagos de deuda y expropiaciones en Venezuela por un total de 21.300 millones de dólares, persiguen los ingresos de la subasta de acciones de la matriz de Citgo, organizada por un tribunal federal de Delaware.
Antes del próximo 22 de agosto deberá seleccionarse un ganador, y el tribunal ha fijado el 15 de octubre para aprobar un ganador sujeto a la aprobación del Departamento del Tesoro de EE.UU.
Una refinería de petróleo respaldada por el inversor activista Carl Icahn y un grupo de acreedores con reclamaciones contra Venezuela entraron en la competencia durante la recta final de la subasta judicial estadounidense por Citgo Petroleum, según Reuters.
Werther Sandoval
Periodista. Profesor universitario.