El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, ha lanzado un golpe de Estado contra el parlamento y la oposición. A través de la declaración de la ley marcial ha suspendido garantías constitucionales como las actividades políticas, el habeas corpus y la independencia de los medios de comunicación, que pasarían a estar bajo subordinación militar.
El líder de la oposición, el liberal Lee Jae-myung, ha rechazado la declaración de la ley marcial y ha llamado a su partido a rechazarla en la cámara parlamentaria. El poder militar ha pasado a estar bajo control de Park An-soo desde que se anunció la ley marcial, además las fuerzas de seguridad han bloqueado el acceso al parlamento. Es por esto que se puede hablar de inconstitucionalidad, ya que la Carta Magna surcoreana reconoce el derecho parlamentario a rechazar la ley marcial.
“Construir un país libre y democrático” a través de la ley marcial es el propósito del presidente que, tras una derrota parlamentaria, veía cómo la Asamblea Nacional, ahora bajo mayoría absoluta opositora, torpedeaba su acción de gobierno y lanzaba mociones contra numerosos miembros del gabinete de Yoon.
El hasta ahora líder del partido de Yoon Suk-yeol, Han Dong-hoon, ha rechazado este paso dado por su presidente. Ha habido algunos llamados a acudir a la cámara y saltar el bloqueo, pero también se contemplaba una reunión alternativa bajo la legitimidad que se arrojan los parlamentarios para votar contra esta decisión.
Uno de los primeros anuncios tras la declaración de la ley marcial ha sido la detención sin garantías procesales de cualquiera que rete su implementación, por lo que no sería descartable que líderes opositores del liberal Partido Demócrata de Corea puedan ser detenidos en las próximas horas. El propio Lee Jae-myung ha señalado que Yoon Suk-yeol “ya no es el presidente de Corea del Sur”, abriendo las puertas a una crisis constitucional que Yoon parece decidido a sofocar.